¿Qué dice la ley frente a las amenazas informáticas?

Enviado por admin el Vie, 11/03/2016 - 12:17
verdaderas amenzas

Las amenazas informáticas persisten y el caso del descubrimiento y revelación de secretos está duramente castigado en el Código Penal español (ver artículo 197). Ante los numerosos casos de robo de contraseñas (de manera intencionada a través de malware, virus informáticos o entre particulares a través de descodificadores de password), fotografías íntimas o documentación privada, la capacidad supranacional y la rapidez que internet otorga para su divulgación, los juzgados de España se han llenado de causas e investigaciones que tienen por objeto la identificación de los culpables de estas prácticas.

Una máxima de los tribunales penales es condenar "más allá de toda duda razonable". Sin embargo, ¿cuentan los agentes facultados con medios y soportes para dar con los responsables de delitos graves en internet?

Por su propia naturaleza, internet es un canal donde la información es fácilmente modificable y borrable. Los datos son volátiles y, en muchos casos, irrecuperables. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades legislativas de España (en lo concerniente a protección y conservación de datos), las medidas no parecen ser suficientes para perseguir las amenazas. ¿Cómo regular internet sin confrontarlo con derechos fundamentales como la libertad de comunicaciones?  

Existen numerosos softwares para enmascarar la IP de los usuarios al alcance de todos, dispositivos electrónicos (ordenadores, smartphones y tabletas) en el mercado negro que imposibilitan la identificación del autor de un delito o países y lugares recónditos desde donde delinquir con verdadera impunidad ante la inexistencia de leyes y tratados de cooperación que estrechen vínculos entre unos y otros territorios.

Delinquir en internet, al igual que en la vida "real", es posible. Sin embargo, ni la Policía en su proceso de recolecta de evidencias (muchas veces deben apoyarse en los conocimientos de informes periciales) ni los tribunales, para condenar "más allá de toda duda razonable", cuentan con los recursos suficientes para mitigar con eficacia los efectos de las amenazas informáticas.